Análisis

Instituciones confiables, la clave para lograr reformas profundas en la sociedad

La mayoría de los argentinos desconfía de la capacidad del gobierno para resolver los problemas que afectan su vida diaria; desconfía de la imparcialidad del sistema de justicia para asegurar el cumplimiento de las normas y desconfía de la información que difunden los principales medios de comunicación.

De acuerdo a la última encuesta de Reyes-Filadoro, el 73% de la población no cree que el Ministro de Economía, Sergio Massa, pueda solucionar los problemas macroeconómicos. Un porcentaje similar de ciudadanos expresa desconfianza por el funcionamiento del sistema de justicia y más de la mitad de la población desconfía de la información que lee en los diarios y que escucha en la radio.

Sólo el 20% de los argentinos tiene una opinión positiva del presidente, Alberto Fernández y el 63% cree que la vice presidenta, Cristina Kirchner es culpable de los delitos por los que está acusada en la justicia.

El kirchnerismo, ante el peor de sus pecados: la crisis de relato

En este contexto de escepticismo generalizado, cobran fuerza las voces que se alzan en contra de la organización política del Estado proponiendo medidas radicales como la eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía, la liberalización del mercado de armas o de la venta de órganos humanos.

Estas propuestas le sirvieron al diputado nacional, Javier Milei, para posicionarse en tiempo récord como uno de los principales referentes de la oposición. Su ascenso en las encuestas de opinión pública no está relacionado con la conveniencia o la viabilidad de sus ideas sino con su estilo agresivo, por momentos violento, contra el sistema político institucional.

Hace tiempo que los gobiernos democráticos del mundo occidental atraviesan una crisis de sentido. Las fronteras del estado-nación se disuelven ante el avance implacable del sistema financiero global, apalancado por el desarrollo exponencial de nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y al procesamiento de datos. Los gobiernos no aspiran a producir grandes cambios sino a mantener el orden, la estabilidad social y el consumo.

Los proyectos colectivos transformadores que ilusionaron a la humanidad hasta finales del siglo pasado, no seducen a los ciudadanos del nuevo milenio, devenidos usuarios circunstanciales de apps. Los algoritmos garantizan que todo esté al alcance de la mano aquí y ahora. Un amor, una peli, una canción, una risa.

El nuevo relato emancipador exalta la "independencia" como valor supremo porque en esta nueva era, de tele trabajadores, programadores de software y de mineros de criptomonedas los individuos son más útiles y rentables cuando están aislados en sus hogares, devenidos unidades productivas, que cuando están en una fábrica o en las calles.

En el fondo, la mayoría de las personas entiende que la "independencia" es una ficción, tan utópica como la libertad. No existen ciudadanos, ni instituciones, ni naciones independientes, aunque algunos insistan en alimentar esa creencia, funcional a una minoría de la sociedad.

La pandemia puso en evidencia la interdependencia del mundo globalizado. Muchos nos ilusionamos con los aprendizajes que dejaría la crisis sanitaria mundial desatada por el coronavirus. Por un breve lapso de tiempo, imaginamos que surgiría una sociedad fortalecida, más solidaria, más sensible con el medio ambiente, más consciente de las consecuencias de sus actos. Pero no. Cuando despertamos de la pesadilla y pudimos por fin salir de nuestras casas, retomamos, como zombis empobrecidos, el mismo sendero que nos había acercado hasta el borde del abismo.

Los problemas se acentuaron. Aumentaron la deuda pública y la privada, la inflación, la pobreza, la desigualdad, la concentración de poder económico, la inestabilidad, la incertidumbre y la desconfianza.

Esta semana, estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires tomaron las escuelas, trabajadores tomaron fábricas de neumáticos, desocupados tomaron la principal avenida de la capital, mapuches tomaron terrenos en sur y barrabravas de futbol se enfrentaron con activistas que cortaban la ruta en la provincia de Santa Fe.

Estas acciones expresan, entre otras cosas, la degradación de los mecanismos institucionales que deberían activarse para dirimir los conflictos sociales. El problema es qué muchas instituciones, incluyendo a los principales partidos políticos, el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y los sindicatos, entre otros, han perdido credibilidad como interlocutores válidos de la sociedad.

Hay un factor común en todos los reclamos que estamos viendo: la precarización del trabajo. A lo largo y ancho del país, encontramos voces que coinciden en señalar que en Argentina no falta trabajo. El problema es que el trabajo es precario y está mal remunerado. Esto provoca que la expectativa de movilidad social ascendente sea reemplazada, en amplios sectores de la población por el temor al desclasamiento.

Los datos del INDEC registran una disminución sostenida de la participación de los trabajadores en el PBI. Desde que el instituto nacional de estadísticas retomó esta medición en 2016, la participación de los asalariados en la apropiación del producto de la economía pasó de 51,8% a 43,1% del PBI en 2021. Está caída explica porque hoy, en Argentina, aumenta el empleo al mismo tiempo que aumenta la pobreza.

Para revertir esta tendencia y que el empleo, formal, con derechos y bien remunerado, vuelva a ser un mecanismo de progreso y ascenso social, hace falta producir cambios profundos en el modelo económico actual. Pero estos cambios sólo serán posibles si logramos reconstruir la capacidad de las instituciones democráticas de dialogar, tejer redes de cooperación y construir el consenso necesario para transformar a la sociedad. Mientras eso no suceda, seguirán cobrando fuerza los discursos que exaltan el individualismo y la cultura del "sálvese quien pueda"

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