Impuestos argentinos: ¿se evaden porque son caros, o son caros porque se evaden?

Dependiendo del lugar en dónde nos paremos, podríamos opinar que la carga tributaria y argentina es pesada y que por ese motivo se evade; o desde el otro ángulo, es alta porque existe mucha economía informal. Todo esto, expresado desde el microscopio, sin incorporar al análisis las cuestiones macroeconómicas que determinan las políticas fiscales.

Según lo que piensa una doctrina económica nacida en Perú, encarnada con las ideas de Hernando de Soto, hablar de economía informal es pensar inmediatamente en un problema que está generado por la existencia del Estado. Incluso algunas expresiones locales, conocidas como "libertarias", coinciden en esa apreciación. Se piensa que sin Estado se estaría mejor. Pareciera que dolarizar es el único camino como ponerle un chaleco de fuerza al Estado para que no pueda emitir y gastar de más; en lugar de que el gobierno asimile no gastar más manteniendo vivo el peso.

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Esa actividad económica clandestina está a la vista de todos, pero no se encuentra registrada y en consecuencia no paga impuestos. Al evadir sus obligaciones tributarias privan al Estado de los recursos necesarios para poder atender a las necesidades sociales de la población. Sin embargo, según el economista peruano, esa manera de encarar el tema podría hacer caer en un error, porque en esos países el problema no es la economía informal, sino que el verdadero inconveniente es el Estado con su intervención exagerada.

El costo de la legalidad es tan grande debido a la gran telaraña de regulaciones que están vigentes. En la misma línea algunos economistas y políticos locales, que desfilan por los canales de televisión, le echan la culpa al Estado de ahogar a los contribuyentes con la gran cantidad de impuestos y de regulaciones que se encuentran rigiendo en nuestro país, que son las causas de todos los males y que originan el déficit fiscal que permanentemente tiene el país.

Por ese motivo, proponen achicar al Estado a su mínima expresión, para que la actividad económica fluya libremente, mientras que el que no se pueda subir al bote de la economía quedará, sin destino, naufragando.

Sin embargo, no todos los actores que circulan por la informalidad son iguales, es necesario hacer una distinción entre los que eligen serlo con los que están caídos del sistema y que no pueden regresar al camino formal.

Conociendo que el denominado "bono demográfico" (período en el que hay más habitantes en la población económicamente activa) en argentina finaliza en el año 2035, hay que considerar que muchos de sus integrantes son segundas y terceras generaciones que no conocieron lo que es trabajar.

Esta característica que tiene nuestro país, determina que existen cuatro actores económicos:

1) El sector formal; 2) El sector informal justificado; 3) El sector informal injustificado y 4) el sector Pasivo (población infantil y jubilados).

Por el sendero formal transitan aquellos que contribuyen con sus impuestos sosteniendo a los tres sectores que no hacen aportes. Están al límite, sus mochilas no soportan más piedras tributarias.

En contraprestación reciben del Estado menos de lo que aportan, ya que deben contratar al sector privado para cubrir sus necesidades vinculadas con la salud, la educación y por la seguridad.

Por el informal circulan actores justificados que no eligen estar ahí, fueron expulsados por la economía y por ese motivo el Estado debe sostenerlos. Tributan exageradamente por sus consumos básicos, a través de alícuotas proporcionales elevadas que no se diferencian por el consumo que hacen los que más tienen. Hace más de 200 años, en sus escritos Manuel Belgrano ya se preguntaba qué hacer con los "infelices" (no son felices) que se encuentran en sus ranchos sin trabajar.

Hay una gran parte que son informales, también, pero por decisión propia, son conscientes y tienen intención de serlo. Tienen capacidad económica, contribuyen al PBI, pero no pagan los impuestos que les corresponderían abonar. Aprovechan los bienes públicos y utilizan todos los servicios que brinda el Estado, a pesar de no realizar los aportes equivalentes. Cada vez que sale un blanqueo redimen su situación fiscal y siguen adelante sin estar comprometidos con la justicia. Por ese motivo, el Estado aumenta la presión tributaria sobre los actores formales (un tercio de la población) para sostener a los que no tributan.

Por último, están los pasivos, que ya han trabajado y aportado en su vida activa; sin embargo, continúan pagando impuestos. Con el avance de la ciencia se prolonga la cantidad de años de vida, pero los servicios de atención no avanzan de la misma forma y quedan desatendidos. En las economías subdesarrolladas son sus propias familias las que se deben hacer cargo de ellos, en las economías desarrolladas son cuidados por el Estado.

Otro tema, que no es menor, está referido a la inflación que representa un impuesto del que no se salva nadie: lo pagan los que están debajo de la línea de la pobreza y las clases acomodadas. No existe distinción, y aquí no influye la estructura tributaria que funciona.

Las cuestiones previsionales:

De la misma manera que sucede con los impuestos, otro tanto acontece con los conocidos costos laborales.

Por un lado, están los que afirman que los costos laborales en Argentina son altos y que deberían reducirse para dinamizar la actividad económica. Por el otro, están aquellos que opinan que la flexibilidad laboral atenta contra el alicaído sistema previsional y lo que se destina a las obras sociales. Aquí también depende de la vereda en que nos paremos: 

1. Los empleadores argumentarán que son altos; mientras que 
2. Los jubilados y los que deben atenderse en las obras sociales dirán que el costo actual es necesario para mantener las prestaciones. No está sobrando dinero para los jubilados y las alicaídas obras sociales.

Hay opiniones sobre que en épocas de caída de la actividad económica deben flexibilizarse las normas laborales. En sentido contrario, se piensa que cuando hay crisis en la economía, ninguna empresa va a contratar más trabajadores por el simple hecho de lo que diga una ley; lo van a hacer en la medida de que haya más ventas.

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Basta con citar un ejemplo que lo expresa todo, mientras en 2016 se hablaba del alto costo laboral y se proponían medidas para intentar aliviarlo, simultáneamente hubo un reconocimiento para los jubilados que necesitó de los fondos recaudados por el blanqueo de capitales destinado a cancelar los ajustes retroactivos de las jubilaciones. Sintetizando, se pensaba en reducir los costos, pero se necesitó de un aporte extra para aliviar a los jubilados.

Otro proyecto del gobierno anterior proponía diferentes medidas que, con el argumento de fomentar el registro formal sin límites de los empleados y la contratación de los jóvenes, otorgaba como beneficio la desgravación y la condonación de las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social. Asimismo, se proponía crear un fondo de cese laboral que reemplace a las indemnizaciones que generan bruscos sacudones económicos para las empresas.

Los blanqueos laborales siempre reconocen una cierta antigüedad que aporta tiempo al momento de solicitarse la jubilación, a pesar de que no exija aportes que lo financien.

Estas ideas no son nuevas, comenzaron en el año 2001, con la sanción del decreto 814, cuando se diferenciaron los porcentajes de contribuciones patronales destinados a la seguridad social con el argumento, según se decía, de "establecer las bases para el crecimiento sostenido, y la competitividad y el aumento del empleo y que, para alcanzar tal objetivo, resulta particularmente necesario instrumentar medidas que tiendan a la reducción del nivel de los costos de producción".

Luego, el exministro Cavallo implementaba los planes de competitividad, permitiendo computar como crédito fiscal para el Impuesto al Valor Agregado, las contribuciones patronales de la seguridad social que pagaban las empresas. Por otro lado, en el mes de julio de 1994, con la privatización del sistema previsional, la AFIP comenzó a cobrar y a administrar los fondos jubilatorios y los destinados a las obras sociales (aportes y contribuciones). A partir de ahí, las transferencias realizadas a las obras sociales en general tuvieron demoras y se hacían discrecionalmente, afectando el desenvolvimiento normal de esos sistemas de salud.

Más tarde, en el año 2008, la ley 26.476 creó un blanqueo laboral y en otro capítulo un régimen de fomento para las nuevas contrataciones de trabajadores. Este régimen que estuvo vigente era similar al que intentó llevar a cabo sin éxito el gobierno de Macri, y que extrañamente fue muy criticado por la oposición que antes lo aceptó sin mutarse. Esto demostró una vez más la vigencia del "teorema de Baglini", que dice que cuanto más cerca del poder se está, más cuesta tomar ciertas medidas.

Por ese blanqueo, se condonaba la deuda y las multas previsionales para las empresas que blanqueaban hasta 10 empleados y a éstos se les permitía computar cantidad de años de aportes para el momento en que tramiten su jubilación. Asimismo, se daban beneficios, relacionados con la disminución de cargas sociales, a las nuevas contrataciones que se realicen en los años siguientes. No debe omitirse que existió vigente desde el año 2014 una ley (26.940), que otorgaba una reducción del 50% sobre las contribuciones patronales de la seguridad social para los pequeños empleadores (personas físicas, sociedades de hecho y de responsabilidad limitada) con hasta 5 empleados, cuya facturación anual no superara $ 2.400.000.

Sin embargo, los datos que surgen de un estudio del Ministerio de Trabajo, relacionado con la evolución del empleo no registrado, excluyendo a los beneficiarios de planes sociales, demostró que en el período 1997 a 2002 la tasa se mantuvo en el 38%, y luego a pesar de las medidas aplicadas en el año 2008, la tasa se mantuvo también en el 36%.

Estas estadísticas comprueban que el hecho de implementar medidas económicas, en los años 2001 y 2008, de reducción de contribuciones patronales no aseguraron, por sí solas, que se incremente la contratación de trabajadores, ni tampoco que se reduzcan los niveles de empelados no registrados en la economía. Por otro lado, especialistas en demografía aseguran que nuestro país goza de un período de bono demográfico. Esta situación se consigue cuando en un país existen más habitantes en la población económicamente activa con relación a la población infantil y anciana.

Como este período para Argentina concluiría en el año 2035, deberían aprovecharse todos estos años para generar ahorro, incluidos los fondos destinados a la previsión social, para cuando la situación cambie.

A través de la reforma tributaria del gobierno de Macri (ley 27.430), se introdujo la figura del mínimo no imponible previsional para que las empresas desde febrero del año 2018 puedan descontar de la contribución de la seguridad social un importe que comenzó a ser de $ 2.400 por cada empleado. Este monto se actualizaba anualmente por el costo de vida y se iba a ir incrementando hasta llegar a $ 12.000 (históricos) en el año 2022.

Actualmente, el importe que se deduce por cada trabajador es de $ 7003,68 y en algunas actividades afectadas por la crisis se les autoriza descontar el total que llegó a $ 17.509,20, en las cargas sociales que se abonan por cada empleado en relación de dependencia. El actual gobierno no ajustó por inflación esta deducción, que se sigue computando a valores históricos: $ 7003,68.

Además, con esta reforma del gobierno anterior todas las empresas, independientemente su tamaño, se iban a encontrar en el 2022 pagando la misma alícuota de contribuciones de la seguridad social: el 19,50%. Pero esta medida fue modificada por el actual gobierno, que estableció alícuotas inferiores para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Como se puede observar, desde el año 2001, se viene intentando reducir el impacto de las contribuciones de la seguridad social bajo diferentes formatos, medidas que son necesarias para las empresas. Pero en contraposición está en peligro la solidez que debe mantener el sistema previsional para poder solventar las jubilaciones actuales y futuras. Las dos visiones van en sentido contrario, sólo una mejora de la economía colocará inexorablemente a ambas en la misma dirección.

Pareciera que estamos en una encerrona, que responde a la teoría del huevo o la gallina. De dos cosas podemos estar seguros y de acuerdo: 1) la matriz tributaria que nos rige viene desde los años 90, es hora de actualizarla; y 2) con inflación no se puede empezar a hacer ningún cambio, sólo sería necesario que se la reconozca plenamente en los impuestos.