Bye bye, adiós a la delegación legislativa para fijar alícuotas de Derechos de Exportación

El Congreso Nacional no aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, en cuyo articulado se preveía la prórroga hasta el 31.12.2024 de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo para fijar derechos de exportación, que realizara la ley 27.571 y que caducó el 31.12.2021.

Concretamente, en el título V, "Derechos de Exportación", arts. 52 y 53, de la ley 27.541, se definieron las alícuotas máximas -topes- que el PEN podía fijar para gravar con derechos de exportación las destinaciones al exterior de: a) habas (productos de soja); b) productos agroindustriales de las economías regionales, c) bienes industriales y servicios; d) hidrocarburos y minería.

Allí también se sentaron los lineamientos de política económica que el PEN debía observar en el ejercicio de esta delegación, las que debían complementarse con las bases generales de delegación prescritas en el art. 755 del Código Aduanero.

Por último, y como se expresó, se estableció como fecha de caducidad de esta delegación el 31.12.2021, inclusive.

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En este marco, en el mes de diciembre de 2021, el PEN dictó, entre otros, los decretos 831/21, 832, 852/21 y 908/21; por medio de los cuales prorrogó la vigencia de las tasas de derechos de exportación ya existentes al amparo del citado régimen legal.

No obstante, al haber expirado el plazo de vigencia de estas facultades delegadas, y mientras el Congreso nacional no sancione una nueva ley que renueve dicha delegación, el PEN carece de facultades legales y constitucionales para continuar aplicando estos derechos de exportación.

En nuestro derecho tributario rige de forma muy estricta el principio de reserva de ley, lo que significa que la facultad para crear y modificar tributos -naturaleza de la que participan los derechos importación y exportación- queda reservada con carácter exclusivo en cabeza del Poder Legislativo.

Así surge de diversas disposiciones de la Constitución nacional: el art. 4° hace mención a "las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general."; el art. 17 prescribe en su parte final que "Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Art. 4º."; mientras que el art. 52 puntualiza que "A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas"; en tanto el art. 75 le asigna al Congreso Nacional la atribución para establecer impuestos a la importación y exportación (cfr. inciso 1).

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Asimismo, el art. 99, inciso 3, de la CN le prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones legislativas, por razones de necesidad y urgencia, en cuestiones de índole tributaria.

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo tampoco podría invocar en sustento de la validez de los decretos dictados, pretendidas facultades legislativas delegadas por el art. 755 del Código Aduanero.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que la autorización prevista en este último precepto necesariamente debe complementarse con otra ley -como la ley 27.541- que: 1) defina la política legislativa, 2) establezca los parámetros dentro de los cuales puede el PEN fijar las alícuotas de derechos de exportación ad valorem y 3) que disponga el tiempo de duración de la delegación, en cumplimiento de lo prescripto por el art. 76 de la CN; ya que estos aspectos no están previstos en el Código Aduanero.

Más exactamente, la Corte dijo que "para gravar con derechos de exportación, desgravar, o modificar los derechos establecidos -con el objeto de cumplir algunas de las amplias finalidades fiscales y extrafiscales que la norma señala- [en referencia al art. 755 del CA], ha sido conferida, según reza el texto del artículo, ‘[e]n las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables', a lo que se suma, que según resulta de la Exposición de Motivos de aquella ley, el artículo prevé ‘...un régimen de base, que habrá de funcionar como supletorio de las disposiciones de coyuntura que al respecto se establecieren'. (CSJN, autos "Camaronera Patagónica S.A. c. Ministerio de Economía y otros s/ amparo", Fallos: 337:388, de fecha 15.04.2014).

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Así, la Corte tiene decidido que resulta válido que, en la aplicación de gravámenes al comercio exterior, el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizándolo a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.

Por lo tanto, aplicando esta doctrina jurisprudencial al tema que tratamos, queda claramente demostrada la arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad de los decretos dictados por el PEN fijando la tasa de derechos de exportación, ya que no existe una ley vigente que defina la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación, ni el plazo de vigencia de la delegación.

De este modo, resulta inválida la aplicación de estos derechos de exportación a las solicitudes de destinación de exportación para consumo que se hubieren registrado con posterioridad al 31.12.2021; habilitando a los contribuyentes afectados a impugnarlos en sede judicial.

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