Al final se impuso el sentido común, pero se perdieron tiempo y dólares

La reglamentación de la ley de Economía del Conocimiento trajo una novedad agradable para las empresas del sector: la baja de las retenciones de 5% que había habilitado la norma aprobada por el Congreso. Con el decreto publicado ayer, ahora quedaron en cero.

El cambio introduce un criterio de sentido común que resulta bienvenido. La decisión de gravar las exportaciones de servicios transmitía señales contradictorias, porque era una forma de quitarle rentabilidad a un sector al que se buscaba promover por su capacidad de generar divisas y empleo.

Lo que entendió el Gobierno es que no puede tratar a un sector dinámico, que no está atado a un lugar físico de producción, como si fuera el campo. Los cereales y oleaginosas se cosechan en el país y se despachan desde los puertos argentinos, con lo cual la retención es un eslabón más de una cadena.

Lo que pasó con las empresas ligadas a la economía del conocimiento es que si la Argentina levantó una barrera sobre su negocio, automáticamente lo localizaron en otro país. A nivel local se siguió procesando lo necesario para sostener la estructura doméstica, pero el resultado fue previsible: la venta de estos servicios al exterior mostró una disminución de 11% en octubre frente a igual mes de 2019. 

Eso implica que las empresas no generaron ni pesos ni divisas. Porque debían liquidar sus servicios al tipo de cambio oficial, en momentos en que la brecha cambiaria llegaba a picos de 145%. Si a eso se le sumaba la retención, el dólar que recibían era aún menor.

El cambio de criterio revela la necesidad genuina de incrementar las exportaciones y también de recomponer niveles de empleo. Este sector constituye el tercer polo exportador, con ventas que se ubicaban en torno a los u$s 6000 millones. El objetivo contenido en el régimen de incentivo es llegar a 2030 con 500.000 puestos de trabajo y u$s 10.000 millones de exportaciones.

La lista de beneficios que pueden recibir las empresas es relevante, ya que la ley permite una reducción progresiva por tamaño del pago anual del Impuesto a las Ganancias (a través de una menor alícuota), y rebajas indirectas en los aportes patronales, puesto que el Gobierno entregará un bono fiscal por el equivalente a 70% de las contribuciones efectivamente pagadas.

El alcance de la norma estaba fijado a partir del 1 de enero de este año, y el retraso en la reglamentación impedía activar los estímulos. Quedan pocos días hábiles para su instrumentación, pero desde el Ministerio de Desarrollo Productivo anticiparon que habrá una mesa de diálogo para encausar dudas y objetivos. Si ese puente se hubiese tendido antes, incluso durante el debate legislativo, la discusión hoy sería otra.

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