Vuelve un dilema argentino: el Estado al servicio del Gobierno

El convenio que habilita a la Jefatura de Gabinete a utilizar la base de datos de la ANSeS para ponerla al servicio de la comunicación institucional del Gobierno, promete darle un nuevo dolor de cabeza a Mauricio Macri. Como si no tuviera otros. Referentes de la oposición ya avisaron que lo impugnarán en la Justicia por considerar que viola la protección de datos personales que garantiza la Constitución.

Los datos en sí mismos ya están en manos del Poder Ejecutivo. Hasta ayer, la propia ANSeS los hubiera podido usar con fines políticos si alguien hubiese avalado dar ese paso. Lo que cambió la resolución es quién accede a ellos, y qué se va a comunicar a través de esa vía. En el registro del organismo previsional figuran no solo todos aquellos que cobran pensiones y jubilaciones, sino los beneficiarios de todos los planes sociales que se financian con sus fondos y e incluso los hijos y familiares de cualquier asalariado, que para ser deducidos de Ganancias, tienen que estar anotados en esta base y contar desde el nacimiento con número de CUIL.

En el pasado, el actual oficialismo criticó la propaganda incorporada en la tanda de Fútbol para Todos, y hasta los mensajes telefónicos de Florencio Randazzo, que mostraban la gestión del DNI casi como un atributo de eficiencia personal del funcionario. Si está dispuesto a defender esta decisión que busca potenciar su política de comunicación (también podría quedar sacrificada en el altar de prueba y error) Mauricio Macri tendrá que hacer algo más que prometer que Estado no va a estar al servicio del Gobierno. Los antecedentes de la Argentina no lo ayudan. La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Ese será su dilema.

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