En política, la solidaridad es un valor más declamado que ejercido. Las políticas públicas tienen como objetivo de fondo lograr un mayor equilibrio social. Frente a la pobreza, la redistribución es un mandato. Y en función de ello, los Estados organizan un régimen tributario que se encarga de cobrar más a unos para darle más a otros.
Hasta aquí, la teoría. Los hechos demuestran que en las alturas del poder, la supervivencia del proyecto político pesa más que la responsabilidad asumida hacia los votantes. El Gobierno hoy prefiere remarcar que si no tiene más recursos para transferir a una provincia como Buenos Aires, es porque se ocupa de la salud financiera de todas las demás. Asume, aunque no lo dice, que los fondos no son ilimitados, y que prefiere límitar a cualquier gobernador que desafíe la vigencia de su modelo.
Desde el retorno de la democracia, casi ningún gobierno pudo eludir un episodio de crisis por salvar a Buenos Aires y a su banco. Cristina, en ese sentido, está ensayando una audaz innovación: profundizar primero la crisis para mostrar que la solución está atada a su supervivencia, y no a la inversa. Revela su idea de que la garantía de los votos es el Estado nacional, por encima de cualquier liderazgo local. Su apuesta es que esta reescritura de la historia tenga un final que la beneficie.
