Sin pago de impuestos, no hay contrato social ni margen para reclamar al Estado

Cumplir con el pago de los impuestos es una de las pocas obligaciones que el Estado le exige a diario a los ciudadanos. Esa acción forma parte del contrato social que nos une como país. Para garantizar el acceso a los derechos que concede la ley, los gobiernos necesitan recursos, y solo pueden nutrirse de dos fuentes: el dinero que ponen los contribuyentes o el crédito.

En países como Estados Unidos o Alemania, este concepto de ciudadanía fiscal es mucho más férreo: los derechos le corresponden al que paga y está al día. El resto goza de beneficios, pero de alguna forma son incompletos. En la Argentina, la situación es mucho más laxa. Por empezar, la presión tributaria es tan alta que no hay una penalidad social para el que evade, porque cuesta ver el círculo vicioso que esto desata. Con menos ingresos tributarios las prestaciones del Estado se deterioran, el reclamo social crece, se crean nuevos impuestos para cubrir más gastos y la evasión sigue en aumento.

La persecución a la venta callejera ilegal, noticia que capturó las pantallas televisivas en las últimas horas, actualizó a medias este debate. El comercio reclama contra los vendedores porque son competencia desleal, lo cual es cierto. Incluso muchos de los productos que ofrecen son fruto del contrabando o de la piratería de marcas. Pero también es real que hay muchos negocios en donde no se entregan ni tickets homologados ni facturas. Hay un sector social que considera que la ley acción oficial tiene que ser pareja, y que para que ellos sea así también debería dirigirse a los comercios ya establecidos.

Lo que no corresponde es igualar para abajo. La tolerancia con el incumplimiento de las leyes no resuelve el problema. La obligación del Estado, en cualquiera de sus niveles, es diseñar las herramientas que faciliten y hagan más racional el pago de impuestos. La de los ciudadanos es cumplir con ese esquema. Cortar una calle no crea derechos.