Los conflictos por despidos y salarios aumentan el poder de daño de los sindicatos

"No nos une el amor sino el espanto; será por eso que la quiero tanto", decía Jorge Luis Borges de Buenos Aires, y hoy es aplicable a muchos de los entuertos desencuentros conflictos y diferencias que existen entre los argentinos, a pesar de que de un modo u otro, las necesidades y los intereses, los obliga a trabajar juntos.


La racionalización del Estado depurando contratos ñoquis y fraudes, los ajustes del empleo en la actividad privada por diversas crisis como la del petróleo o por efecto de la recesión, y la necesidad de ajustar los salarios frente a la inflación como única motivación, une a los gremios de todos los colores a pesar de las profundas diferencias y de viejos rencores que los separan.


Existen modelos que pueden dar lugar a una nueva forma de negociar y de lograr resultado. También es una forma de diversificar los enfrentamientos. En el marco de los convenios se pueden pactar las condiciones básicas, que pueden fijarse por ejemplo sumas fijas que obviamente achatan la escala, y por ende operan en contra de los principios básicos que inspiran la meritocracia o el poder del mérito y de la productividad, y permitir que las negociaciones diferenciadas se realicen por empresas.


Negociar con los sindicatos bajo la teoría de la progresividad, de la estratificación de los acuerdos, y de la colaboración recíproca, es no conocer a nuestros dirigentes gremiales. En los últimos doce años, el patrón de comportamiento fue el mismo:


1 Amenazar primero, desde distintos ángulos, con diversos medios de presión y con paros generales o movilizaciones;


2 Luego, prometer la paz social junto a los acuerdos, paz social que en la realidad nunca se cumple, y que es manipulada con el fin de mantener el elemento de presión correspondiente;


3 Los aumentos están acompañados de otras conquistas como los recursos para las obras sociales, a pesar de que en algunos casos están fundidas o no brinda sus servicios razonablemente;


4 Finalmente se acuerdan aumentos de salarios ligados solo a la inflación que en nada ayudan a que el salario real recupere su fuerza real, y solo lo puede lograr con estabilidad económica y sin inflación.


El egoísmo fortalece la arbitrariedad, y coloca a un grupo ganador con un alto costo para el que soporta las consecuencias, que no solo son las empresas, sino que también es la comunidad.


Ante la explosiva combinación de los reclamos por las cesantías y exoneraciones del Estado, y los ajustes de actividades en crisis como la originada en factores externos como la del petróleo, endógena como la del gas, y estructural como consecuencia de la recesión, obliga a crear nuevos mecanismos en la negociación salarial.


En rigor, la competitividad sigue presionando a las empresas frente a los desafíos de volver a exportar, como uno de los recursos del financiamiento de corto plazo, ya que el otro ha sido el de solicitar crédito externo resolviendo nuestros conflictos con los holdouts.


La idea de Antonio Caló (CGT) de acordar una suma fija de $ 4000, representaría para su sector (la UOM) un aumento record en la base del 50% que se degrada a medida que aumentan las categorías. En cualquier caso, la idea tiene por fin cubrir necesidades básicas de los que cuentan con menores ingresos. Tiene el defecto de que no contempla en forma equitativa toda la escala, perjudica a los que tienen ingresos mayores, y en especial, achata las escalas igualando a las 4 o 5 categorías (diferencias 8,33%) inferiores. Según esta propuesta, en el segundo semestre se buscaría recuperar las diferencias originales. La trampa, si existe una, es que el escalonamiento de las categorías debería partir de un ajuste promedio entre 35 y 40% para recuperar las diferencias originarias.


La segunda opción de discutir salarios en dos semestres o en tres cuatrimestres, sin retroactividad, y basándose en una inflación proyectada del 25%, dividida en dos o tres tramos, provoca tres consecuencias inmediatas: la política salaria descenderá inexorablemente al nivel de las empresas por los reclamos de sus trabajadores y delegados, frente a las mejoras de las escalas generales. La segunda consencuencia es la pérdida de protagonismo y liderazgo de los dirigentes de primer nivel y de los grandes sindicatos, y un protagonismo desproporcionado de los líderes naturales y de los delegados gremiales, cualquiera sea su color o bandería política. La tercera es que las remuneraciones dejarán de ser objeto de negociaciones amplias, y buscarán campos más restringidos para poder crecer razonablemente.


La última opción, y en principio parece la más razonable, es que las negociaciones salariales se discutan por sector de actividad, conforme a sus posibilidades, introduciendo el factor productividad, además de contemplar el factor inflación. Este mecanismo puede crear muchas diferencias, que en rigor siguen existiendo en el mercado por efecto de que los salarios y los adicionales de convenio no son a menudo el ingreso real, sino que constituyen el ingreso mínimo. El Ministerio de Trabajo tiene atribuciones para rechazar la homologación por razones de oportunidad y conveniencia en el marco de la justicia social. A su vez, como cada sector representa un abanico muy diversificado de empresas en cuanto a tamaño, facturación, rentabilidad, etc. de modo que los salarios siempre son una suerte de mínimo común denominador aplicable a todos por igual, y cada empresa, conforme sus posibilidades, programas y perspectivas, las adecuará.


Estamos en vísperas de definiciones, y se impone la necesidad de adelantar el plan estratégico que se analizó en materia salarial, en lugar de esperar los acontecimientos, como la presión que puedan ejercer los gremios docentes, a pocos días de iniciar las clases, con amenazas concretas de que no comiencen en fecha. Como siempre, esperar los acontecimientos será esperar que la madre naturaleza provea la solución, establecer una estrategia es anticiparse con un plan coherente y eficaz para enfrentar las presiones que serán sin duda audaces e irresistibles.

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