Las cuentas suizas, en una guerra en la que vale todo

Estalló la guerra y en la guerra nunca hay reglas ni jueces. El Gobierno reaccionó a su manera luego de que transcurrieran los peores días en términos judiciales desde la decadencia política del hoy invisible vicepresidente Amado Boudou. Los datos que complican al empresario kirchnerista, Lázaro Báez, aportados por la Justicia suiza (y difundidos en minuciosos artículos por el eficaz periodista Daniel Santoro, del diario Clarín), movilizaron los resortes defensivos de la Presidenta y de sus principales colaboradores. Pero el estado de nerviosismo en la Casa Rosada se elevó a niveles extremos de sensibilidad cuando el juez federal, Claudio Bonadío, allanó primero las oficinas de la compañía hotelera de la familia Kirchner y cuando, ayer, pidió sorpresivamente las declaraciones juradas de la propia Cristina, más las de sus hijos Máximo y Florencia.

Cristina lo sabe desde hace mucho tiempo. Bonadío no es cualquier juez. Con los años se ha convertido en una suerte de jefe espiritual de Comodoro Py. Es el que le hizo llegar un mensaje discreto de solidaridad a su colega Ariel Lijo después que éste procesara a Boudou. Y el que, al menos en Tribunales, parece haber dejado atrás aquellos cuestionamientos que arrastraba de la década menemista, cuando integraba el gabinete del entonces poderoso ministro y operador judicial del Gobierno, Carlos Corach.

Esa parte oscura del expediente de Bonadío está siendo reflotada ahora por el kirchnerismo para tratar de frenar su embestida sobre el flanco débil de la Presidenta: el de su prosperidad económica consolidada durante los años en el poder. Sin aquella habilidad de potrero de Corach, los operadores judiciales de Cristina intentan llevar al desobediente Bonadío por los senderos del enjuiciamiento.

Claro que éso sólo no alcanza. El Gobierno venía amenazando desde hacía semanas en forma privada a algunos de sus enemigos con hacer público una información ardiente que le transmitió Francia. El ahora célebre listado de argentinos que, supuestamente, tenían cuentas millonarias en dólares y sin declarar en Suiza, que había caído en las manos de un empleado arrepentido de sus pecados financieros en el HSBC. Aunque se trata de información confidencial entre países, la Presidenta autorizó su difusión bajo el precepto de que este escándalo será lo suficientemente explosivo como para tapar todo lo anterior.

Las próximas semanas dirán si la estrategia resulta exitosa. Por lo pronto, se apuraron a desmentir que tuvieran cuentas en Suiza el presidente del HSBC, Gabriel Martino; el economista de UNEN, Alfonso Prat Gay; y los directivos del Grupo Clarín, quienes anunciaron acciones judiciales para los responsables. En twitter, Prat Gay recordaba anoche el caso de Enrique Olivera, el fallecido dirigente radical al que el gobierno de Néstor Kirchner le adjudicó una cuenta en Suiza en 2005, tres días antes de los comicios porteños. La Justicia comprobó después que todo era mentira pero ya era tarde. La elección terminó con derrota.

Temas relacionados
Más noticias de AFIP
Noticias de tu interés