El escándalo que rodea a la imprenta antes conocida como Ciccone Calcográfica no tiene en juego tanto dinero como otros casos sospechosos en los que la Justicia ha investigado al kirchnerismo. Pero las características que presenta son tan burdas que terminaron por convertir al más poderoso de los involucrados, el vicepresidente Amado Boudou, en el dirigente más desprestigiado de la clase política argentina.

Así lo certifican las encuestas de imagen encargadas por sectores de la oposición y también los sondeos que maneja el Gobierno. En las últimas semanas, las opiniones malas y muy malas que arrastra Boudou en todas las mediciones superan el 50% acelerando el desmoronamiento hasta hacerlo caer por debajo de Hugo Moyano, el sindicalista que encabezó todos los rankings de desprestigio social durante estos años de kirchnerismo gobernante. Resulta asombroso porque lleva sólo nueve meses en su cargo y hasta el año pasado asomaba como el único dirigente con potencial político como para aspirar a la herencia electoral vacante de Cristina Kirchner.

Pero hoy son cada vez más los ministros y legisladores que esquivan la cercanía de Boudou y la Presidenta lo sabe. Por eso, ayer dio la orden de defenderlo a los senadores kirchneristas que le dieron media sanción a la insólita expropiación de la ex Ciccone. La bandera la llevó el innífugo Miguel Pichetto, quien destacó “el temple” del vice para dar la cara ante la adversidad y arriesgó hasta lo inimaginable cuando comparó la cortina de humo existente sobre los dueños de la misteriosa The Old Fund (controlante de Ciccone) con el sorpresivo ingreso de Carlos Slim al directorio de la YPF expropiada. La pelota picando la aprovechó María Eugenia Estenssoro para recordarle al colega kirchnerista que Slim compró deuda a los bancos acreedores para convertirse en accionista y que los dueños de YPF-Repsol estaban a la vista de todos.

El misterio sobre quiénes son los verdaderos dueños de la ex Ciccone es la mayor debilidad que debe defender hoy el kirchnerismo. El Gobierno no ofrece ninguna respuesta cuando se pregunta quienes van a cobrar los 140 millones que cuesta la expropiación y en la Justicia hay demasiados papeles comprometedores: está aquel pedido a la AFIP para pagar la deuda impositiva de la compañía en 148 cuotas firmado por el entonces ministro de economía y están los pasajes con los que los amigos y el hermano de Boudou viajaron en jolgorio al Mundial de Sudáfrica y a las pistas de esquí muy poco nacanpop de Aspen, Colorado. La situación se podría complicar aún más si el juez Ariel Lijo le pide a la familia Ciccone la declaración que el fallecido jefe familiar habría dejado bajo escribano antes de morir en junio contando detalles de una supuesta reunión con Boudou en Puerto Madero.

El Gobierno podrá conseguir la aprobación de la ley la semana próxima en Diputados. Podrá volver a llenar de elogios a Boudou y a plantear esta expropiación ciega como una reivindicación soberana de la impresión de billetes. Pero el costo que paga Cristina por sostener una operación chapucera y demasiado oscura no sólo pulverizó el futuro político del vicepresidente. Ahora también la está perjudicando a ella.