Justicia y corrupción en Brasil: aquí no podemos hacerlo

La denuncia por coimas del fiscal general contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, representa un poco de aire fresco para la presidenta Dilma Rouseff, coinciden las crónicas que siguen el escándalo Petrobras en Brasil. Cunha, del poderoso PMDB, aliado al gobernante PT, rompió hace poco con Dilma y abrió así una puerta del Congreso brasileño para que se la investigue por irregularidades en las cuentas públicas. Después de la denuncia del fiscal, Cunha acusó a la presidente de complotar en su contra para desplazarlo del Parlamento. La lucha política agrega un componente florentino al drama de la corrupción en Brasil.

Es común escuchar decir que el sistema político es allí más federal -los estados tienen más autonomía- y menos concentrado -hay 28 partidos con representación en el Congreso-que el de la Argentina. La democracia negociada que nos acostumbramos a presenciar en Brasil adolece de acuerdos políticos básicos y el estallido de escándalo Petrobras con millonarios desvíos de licitaciones derivó en una crisis política de desenlace incierto. La trama incluye a decenas de políticos, ex gobernadores, diputados y senadores, muchos aliados del Gobierno, ex ministros de Dilma y empresarios de escala continental. Veintiséis empresas de la construcción están involucradas, entre ellas los gigantes que trabajan en la infraestructura de los Juegos Olímpicos Río 2016. Una ley les prohibe participar de licitaciones mientras están siendo investigadas, por lo que la obra pública está virtualmente parada.

La cárcel doblega voluntades. El entramado del escándalo Petrobras ha sido reconstruido a partir de un acuerdo de delación con los principales imputados que permitiría llegar hasta lo más alto. Pero nada de esto ocurriría, sin embargo, sin la acción decidida de los jueces. Los especialistas dicen que el Poder Judicial brasileño tiene autonomía relativa en relación tanto al poder político como al económico. Hitos modernos lo confirman: las atribuciones delegadas a la justicia por la reforma constitucional de 1988 y sus enmiendas; el proceso de impeachment al presidente Collor de Mello en 1992, las reformas de Fernando Henrique Cardoso, en la segunda mitad de los 90, entre otros.

Una investigación reciente de Fabiano Engelmann, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, analiza los procesos de construcción de legitimidad de la justicia a partir de cinco experiencias en América latina en el período democrático. El estudio clasifica las justicias de la Argentina y Venezuela como sujetas al poder político, las de Chile y Colombia como independientes y condicionadas a la neutralidad política y define a la justicia brasileña como un poder independiente aunque con protagonismo político.

En el caso argentino, el trabajo habla de una constante injerencia del poder político en la justicia desde el golpe del 1930 y menciona los sucesivos procesos de juicio político y renovación de los miembros de la Corte -iniciados con Perón en 1946- con el fin de disminuir la independencia del tribunal. A pesar de los avances de la reforma constitucional de 1994 -con la creación del Consejo de la Magistratura- "el patrón de politización de la justicia instalado con Menem tiende a reproducirse", consigna el trabajo. "Incluso en el contexto de un proceso de redemocratización, se puede afirmar que no hubo un compromiso de los actores políticos con la independencia del Poder Judicial, de la misma forma que los ciudadanos mantenían una postura apática ante esta cuestión".

En el caso brasileño, el estudio apunta que el sistema judicial adquirió a lo largo del siglo pasado una fuerte autonomía y, a excepción del período de Getulio Vargas, no sufrió intervenciones directas del poder político, incluso durante el régimen militar. Desde la reforma de 1988, el Poder Judicial consiguió mayor independencia. Pasó a arbitrar en cuestiones vinculadas a los otros dos poderes y entre el gobierno y la oposición y, a diferencia de otras justicias también independientes, como la chilena y la colombiana, ganó un importante protagonismo en el espacio público.

Para Daniel Sabsay, hay que rastrear en la implementación de las reformas. "Los instrumentos que dan mayor autonomía a la justicia en Brasil no difieren de los de la Argentina, pero aquí fueron mal reglamentados o distorsionados. Brasil no tiene un Consejo de la Magistratura ni un Ministerio Público dominados por el oficialismo", dice el constitucionalista. Una de las claves de la mayor independencia de la justicia brasileña radica, según Sabsay, en la mayor dispersión de poder que presenta el sistema político brasileño, cuestión sobre la que coincide el especialista del CARI Gustavo Pérego: "El proceso de escándalos seguirá generando un torbellino político en Brasil. Pero es en ese mismo proceso donde la institucionalidad para las próximas generaciones de brasileños se está afianzando".

La corrupción en la Argentina no parece sistematizada como en el caso que presenta la política brasileña y, en su momen to, la italiana. Se trata casi de una iniciativa privada, una cuestión de emprendedores exitosos, como demuestra la investigación de la justicia que involucra a la familia presidencial.

Miremos a Brasil. Como decía Pepito Cibrián: ¿Aquí no podemos hacerlo?

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