Cuanto peor mejor: el éxito del nuevo canje depende de cerrar cualquier chance de acuerdo

Declarar el desacato era lo que correspondía. La frase no salió de la boca de Paul Singer ni de ninguno de los abogados de los fondos buitre; la pronunció un funcionario del Poder Ejecutivo. Después de haber anunciado por cadena nacional un proyecto de ley para cambiar la ruta de pago de la deuda reestructurada y realizar un nuevo canje voluntario, el Gobierno esperaba una rápida censura del juez de Nueva York Thomas Griesa. Los funcionarios entienden que el éxito del nuevo canje radica en que los acreedores lo vean como la única alternativa que tienen para cobrar lo que Argentina seguirá depositando regularmente.


El Gobierno decidió avanzar con el nuevo canje a comienzos de la semana pasada. Como Griesa ya había advertido que cualquier intento de cambio de jurisdicción para evadir su sentencia sería declarado contrario a la ley y también había amenazado con declarar al país en desacato, en el equipo del ministro de Economía, Axel Kicillof, descontaban que esa sería la inmediata reacción del juez ante la jugada oficial. Pero no sucedió.


Si bien declaró ilegal un proyecto de ley enviado al Congreso argentino algo insólito, por otra parte el magistrado no declaró el desacato del país y siguió instando a las partes a buscar un acuerdo.


Cuanta más esperanza haya de un arreglo, ningún fondo de inversión va a mover un dedo, razonaron en el Palacio de Hacienda.


Si alguien piensa que en enero el Gobierno pagará u$s 1.600 millones, esto no sirve para nada. En el Gobierno lamentan la inactividad de los grandes fondos de inversión de Estados Unidos. Los bonistas ley Nueva York no movieron un dedo para presionar a Griesa por sus acreencias, insistieron.


En pocas líneas, el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso propone remover al Bank of New York (BONY) como agente fiduciario y suplantarlo por Nación Fideicomisos; depositar cada vencimiento de deuda reestructurada en cuentas de esa firma del Banco Nación en el Banco Central y lanzar un canje voluntario para cambiar la jurisdicción de los títulos emitidos bajo ley extranjera.


El movimiento es complejo, pero debe estar operativo para el próximo vencimiento de deuda, los u$s 190 millones correspondientes al bono par a desembolsar el próximo 30 de septiembre.


Lo que generó más dudas en el mundo inversor fue la participación de Nación Fideicomisos, pero la presidenta Cristina Fernández y el ministro Kicillof están dispuestos a negociar ese punto, siempre y cuando el agente fiduciario esté lejos de las garras de Griesa y los fondos buitre. Este es el principal punto de conflicto con las entidades europeas que pueden participar de la operación. ¿Se animarán bancos europeos y agencias de clearing europeas con despachos en Nueva York a desafiar a Griesa?


Por lo pronto, razonan en Economía, el cambio de agente fiduciario obliga a los bonistas a reunirse en asamblea, lo cual podría acrecentar la participación de los acreedores en el nuevo canje. Si hay una asamblea, ¿Griesa los va a declarar en desacato? Vamos a ver si se mete con terceros, desafiaron. La hipotética aceleración de los bonos por quienes no cobren, entienden en el Ejecutivo, no conviene a nadie, ya que obligaría a una nueva reestructuración de deuda que llevaría años cuando el país propone continuar pagando por otros canales.


En ese sentido, la confirmación del fondo Fintech, de David Martínez, de que participará en la operatoria es un aval importante. Su asentimiento era un secreto a voces hasta ayer.


La semana pasada, Fintech apeló una orden de Griesa, en la que el juez dispensaba al BONY por incumplir el contrato al atenerse a su sentencia. Por ahora, es el único gran fondo de inversión que juega con el Ejecutivo. Gramercy, el otro aliado fuerte con que contaba el país, vendió sus importantes tenencias en deuda argentina una vez que su propuesta para negociar con los fondos buitre dejó de contar con el aval oficial que tenía cuando Hernán Lorenzino era el ministro de Economía.


Pero hay otros movimientos en torno a la deuda argentina. En las últimas semanas, al menos dos grandes fondos de distress, con carteras en activos de alto riesgo por más de u$s 20.000 millones, se interesaron por los títulos del país.


Uno de ellos es el fondo Perry, que envió emisarios al país y contó que prefirió cambiar los pobres rendimientos de la deuda europea (Portugal, uno de los países más castigados, paga 3,5%) por activos venezolanos, argentinos y portorriqueños. Estos inversores, expertos en mercados emergentes, suelen tener regulaciones más laxas y no estarían impedidos de cobrar en Buenos Aires. Pero tampoco tienen reparos en iniciar nuevos juicios y convertirse en los próximos holdouts.


En otras palabras, la diferencia entre un fondo de distrees y un fondo buitre es la misma que existe entre un vaso medio lleno y otro medio vacío.

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