Argentina, Brasil y una deuda pendiente: financiar la política con transparencia

Es interesante para la Argentina observar con atención lo que está sucediendo en Brasil. La justicia de ese país ordenó reabrir una investigación contra Dilma Rousseff para determinar si financió su campaña electoral con fondos aportados irregularmente por empresas. A la crisis económica que vive nuestro gran vecino regional se agrega un escenario con denuncias graves por hechos de corrupción que, en el peor de los casos, podría llegar a anular los comicios en los que Dilma fue reelecta como presidenta.


Aunque las cosas son diferentes en la Argentina el dilema de la financiación de la política todavía está lejos de resolverse. La ley PASO, sancionada en 2009, prohibió los aportes de las empresas para las campañas e impidió la compra de espacios en radio y TV por parte de particulares para que el acceso al poder no quedarara restringido a los dirigentes de buena posición económica. El problema es que la ley deja abierto el camino para que los candidatos que son funcionarios puedan usar los recursos del Estado a su favor.


Vale recordar que los tres candidatos con mayores chances de llegar a la presidencia son funcionarios que usan los resortes estatales para hacer campaña. Lo hacen el gobernador Daniel Scioli, el jefe de gobierno Mauricio Macri y el diputado Sergio Massa. Aníbal Fernández promociona su candidatura a gobernador en el estatal Fútbol para Todos. Y la propia Presidenta, en un abuso inédito en la historia argentina, ya utilizó 43 veces la cadena oficial para transmitir largos actos partidarios disfrazados de inauguraciones de obras públicas costeadas con el dinero proveniente del esfuerzo diario de todos los argentinos.

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