Acuerdo sobre drogas en La Habana: un hecho trascendente

En el marco de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, el acuerdo alcanzado la semana pasada denominado Solución al problema de las drogas ilícitas es un hecho trascendente.
Se trata además de un acuerdo novedoso porque se diferencia del paradigma vigente sobre las drogas ilícitas, cuyo objetivo es eliminar el uso de las sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Bajo este enfoque, el acento se coloca sobre el objetola drogay no sobre el sujetola persona humana.
En general, los más directamente afectados con las prácticas coercitivas son los campesinos y trabajadores temporales vinculados al cultivo de plantíos y la recolección de las cosechas; los indígenas y pobres rurales que deben sufrir los efectos de políticas de erradicación forzada (y adicionalmente química) y las tareas de interdicción; las mulas cargadas con drogas para ser trasladadas a los polos de demanda; los habitantes de barrios humildes que son escenario de pugnas territoriales violentas entre traficantes, cuerpos de seguridad corruptos, políticos deshonestos y organizaciones criminales.
Estos actores constituyen el eslabón débil de una extensa cadena que culmina en un negocio enormemente lucrativo para unos pocos gozan de sus lujos e inversiones intocadas a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de diverso tipo, de su poder de cooptación y corrupción nacional e internacional; y de las garantías de defensa personal que se proveen a través del mercado desregulado de armas ligeras y el avance de los compañías privadas de seguridad.
En cambio, la estrategia actual se orienta a castigar y perseguir selectivamente a determinados participantes (directos e indirectos) y a ciertas fases del fenómeno. Supone la disposición, voluntad y capacidad de la guerrilla para desvincularse definitivamente del negocio de las drogas, así como el interés, la determinación y la posibilidad de que las élites y las instituciones afronten el desmantelamiento de ese negocio ilegal que ha permeado por años a la sociedad y el Estado.
En síntesis, el acuerdo apunta a reconocer que la mejor alternativa es recuperar la legitimidad de las instituciones, aumentar la capacidad estatal para combatir el delito, orientarse hacia la protección a los más vulnerables, concebir estrategias eficaces y no efectistas contra los grandes beneficiados del negocio de las drogas, y desplegar políticas públicas integrales centradas en el bienestar de las personas.
En esta negociación, el gobierno obtuvo una serie de logros: por ejemplo, ratificó una tesis reiterada por la mayoría de las autoridades y buena parte de la comunidad de expertos nacionales y extranjeros respecto del vínculo entre conflicto armado y drogas ilícitas Al mismo tiempo logró un compromiso de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para abandonar el vínculo con el fenómeno de las drogas. Ello quedó consignado de tal forma que en un escenario de fin del conflicto la guerrilla está dispuesta a poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.
Por su parte, las FARC también alcanzaron ciertas metas: el acento sobre la atención y el desarrollo social rural y urbano para hacer frente al tema de las drogas. A esos efectos se aprobó un nuevo plan nacional de erradicación de cultivos ilícitos, así como un plan integral sobre el consumo de drogas.
También que se destaquen estrategias que afectan a sectores económicos y políticos ligados y beneficiados por el auge del negocio de las drogas. De allí un énfasis mayor sobre la persecución de los activos generados y el lavado de dinero, así como una lucha más frontal contra la corrupción asociada con los narcóticos.
La expectativa, tanto interna como internacional, es que este acuerdo del gobierno colombiano con las FARC se constituya en el comienzo de la superación efectiva del fenómeno de las drogas.

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