AMIA: se acercan los 20 años y el Gobierno no sabe qué hacer

Timerman debe estar maldiciendo en secreto su suerte. Si las milicias del autodenominado Estado Islámico hubieran desatado su furia un año antes en la frontera entre Siria e Irak, tal vez el acuerdo con Irán por la AMIA no parecería tan malo. Es verdad que Teherán y Washington ya venían entendiéndose sobre el control del plan nuclear iraní, pero lo que se insinúa hoy, una alianza de Occidente con el régimen de los ayatollah para detener la instauración de un califato en Oriente Medio, no se lo podía imaginar ni en sueños.


Veamos si no lo que decía el canciller en una entrevista con Página 12 sobre la incomprensión en la Argentina en febrero último, cuando el memorando ya hacía agua: El tiempo es algo difícil de evaluar cuando se habla en términos de negociaciones internacionales: ¿Cuántos acuerdos y cuánto tiempo llevan de negociaciones israelíes y palestinos? ¡Hasta se entregaron premios Nobel de la Paz porque algo no se termina de concretar!


Para peor, se había muerto Chávez, puente entre la izquierda populista sudamericana y el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad y para algunos, artífice del acuerdo de Addis Abeba de enero de 2013 (otros creen que fue el acercamiento entre Irán y EE.UU. la ventana por donde entró el pacto). Lo que termine por pasar en Venezuela sin Chávez es un albur y Teherán, ya sin Ahmadinejad, ha emprendido la vuelta a su fútil experiencia latinoamericanista. Las manos vacías.


A 20 años del atentado que dejó 85 muertos, el Gobierno no sabe qué hacer con la cuestión AMIA. La Presidenta dejó entrever eso durante la apertura de sesiones del Congreso, el 1º de marzo, cuando admitió que el acuerdo estaba siendo demorado por Irán. Allí reveló además que había ofrecido a las autoridades de la AMIA denunciar el acuerdo si le proponían una alternativa viable. Y extendió esa misma invitación al Congreso, que había convertido el pacto en ley un año antes.


El acuerdo tan malo no debe ser cuando Irán todavía no ha cumplimentado su parte, dijo entonces la Presidenta. Para la justicia argentina por el momento lo es. La Cámara de Casación deberá pronunciarse sobre la declaración de inconstitucionalidad del pacto con Irán dictada en mayo por la Sala I de la Cámara Federal. Casación intervendrá después de que el Gobierno decidió apelar el fallo surgido de una sala amiga en medio de todo tipo de especulaciones. ¿No era ese fallo, como habían sido persuadidas las entidades judías, lo que la Presidenta esperaba para derogar el acuerdo? No. El Gobierno desconcertó y acusó a los jueces de invadir facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso.


¿Podría avanzar después de esto la Presidenta hacia una denuncia del acuerdo? Difícil en lo inmediato. Sin embargo, se sabe que el Gobierno ha dado el pacto por muerto. El diputado Sergio Bergman (Pro) asegura que Timerman transmitió esa convicción durante su reciente visita a Israel. Bergman dice que eso mismo escuchó el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, de boca del canciller, quien habría admitido que Irán al final sólo estaba interesado en que se cayeran los pedidos de captura internacional de sus funcionarios implicados en la causa. Schlosser no quiere problemas: Ellos (por el Gobierno) nunca van a reconocer eso dice Schlosser. Además, no necesito de Timerman para darme cuenta de que en Irán dejaron caer el acuerdo cuando se confirmó que las alertas de Interpol seguirían vigentes.


La Presidenta evalúa ahora qué camino tomar en el Congreso.


El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, le transmitió el pedido de los bloques de centroizquierda para que se trate el proyecto de creación de una comisión investigadora. La iniciativa es de Apemia, un sector de familiares de las víctimas que lidera Laura Ginsberg. La expectativa en la agrupación sobre el acompañamiento del Gobierno es más bien baja. Otros tres proyectos de la oposición coinciden en una reforma del Código Procesal Penal que incluya la figura del juicio en ausencia. La idea fue muy cuestionada en ámbitos judiciales, pero es acompañada por las entidades de la comunidad judía.


La agenda obliga a la Presidenta a otras urgencias. El procesamiento del vicepresidente y la negociación con los fondos buitre no ha dejado espacio para atender la cuestión del aniversario de la AMIA. Como recuerdan los familiares, podría llegar al 18 de julio por primera vez sin ninguna iniciativa y expuesta a la rechifla. ¿Quién puede asegurar hoy que la Presidenta asistirá a ese acto, de los más tristes del calendario?

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